La innovación es un motor clave del crecimiento económico, el progreso y la prosperidad. Pero las prácticas innovadoras, en cualquiera de sus formas y expresiones, están sujetas igualmente a la regulación sectorial que les resulte de aplicación.
En no pocas ocasiones se producen ciertas tensiones entre innovación y regulación, hasta el punto de generar brechas que pueden perjudicar ese crecimiento y progreso. En este sentido, resulta necesario que la regulación -a todos los niveles, estatal, autonómica y local- apoye y favorezca la innovación. Se hace necesario incorporar el “principio de innovación al proceso regulatorio, o como se conoce en inglés, desarrollar “innovation-friendly regulatory frameworks”).
Conciliar las necesidades de los innovadores y la seguridad que deben promover los reguladores puede requerir cierto grado de flexibilidad, o espacios para experimentar, aunque manteniendo las garantías imprescindibles para la seguridad o la salud. Por ello, a nivel europeo se están desarrollando nuevas herramientas y enfoques que pretenden reducir la brecha entre innovación y regulación, y fomentar el denominado “aprendizaje regulatorio”.
El “aprendizaje regulatorio” requiere habilitar “espacios de experimentación” en el proceso de generación de las normas. A través de diferentes técnicas, los legisladores o reguladores podrían conocer el impacto de sus decisiones en los ámbitos o sectores regulados, para así perfeccionar sus fórmulas de intervención sobre los ciudadanos. Este “aprendizaje regulatorio” permite a las autoridades que se encargan de regular cualquier actividad (insistimos, a cualquier nivel administrativo) obtener un mejor conocimiento y comprensión de los riesgos y oportunidades, así como la necesidad de posibles cambios o nuevos enfoques de la legislación o normativa existente, para abordar eficazmente el impacto de los nuevos desarrollos tecnológicos, al tiempo que se favorece el emprendimiento y la innovación empresarial.
En el plano europeo se está avanzando en el desarrollo de varias herramientas de experimentación regulatoria: sandboxes regulatorios, testbeds (bancos de prueba) y living labs (Laboratorios ciudadanos). Estas herramientas permiten experimentar con soluciones innovadoras en un espacio, controlado o no controlado, que es o se parece a un entorno (casi) del mundo real. Por lo general, involucran a múltiples partes interesadas, incluidos los usuarios, y esto permite el desarrollo de soluciones innovadoras compatibles con las regulaciones asociadas (actuales o futuras). Favorecen el desarrollo de nuevas tecnologías, productos, servicios y modelos de negocio y, al mismo tiempo, permiten conocer aquellos obstáculos presentes en la regulación aplicable que impiden o condicionan su desarrollo. Los espacios de experimentación proporcionan así un entorno en el que construir relaciones de confianza entre innovadores y reguladores, que ayudan a mejorar la gobernanza regulatoria de la innovación y, en última instancia, facilitan y aceleran el despliegue de soluciones innovadoras y su llegada al mercado para generar el crecimiento económico.
Los Bancos de pruebas (testbeds) pueden definirse como experimentos para desarrollar, probar y mejorar un producto o servicio en un entorno dedicado. El enfoque del experimento es principalmente técnico, aunque no es infrecuente que para el desarrollo de esas pruebas se utilicen plataformas (infraestructuras) o financiación públicas. Los laboratorios ciudadanos o living labs son una herramienta de experimentación para cocrear, crear prototipos, probar y mejorar soluciones innovadoras que ofrezcan respuesta a necesidades (locales) en entornos de la vida real. Una de sus características distintivas es la participación de los ciudadanos, así como de otras partes interesadas y de los usuarios finales, como cocreadores durante todo el proceso de experimentación. El tipo de evidencia generada por los “living labs” es principalmente – aunque no solo- sociológica, y permite explorar el efecto de una innovación en los usuarios y la sociedad. Los Bancos de pruebas y los Laboratorios ciudadanos no tienen en principio un vínculo directo con la regulación, pero los resultados obtenidos en el seno de los mismos pueden servir para anticipar futuras necesidades regulatorias.
En el plano de la innovación regulatoria, destacan los sandboxes regulatorios. Estos instrumentos habilitan de manera general la prueba de innovaciones en un entorno controlado del mundo real, bajo un plan específico, desarrollado y supervisado por la autoridad reguladora competente. Para realizar esas pruebas, las autoridades competentes pueden disponer un cierto grado de flexibilidad -dentro de los límites de la ley- y un margen de apreciación sobre cómo aplicar los requisitos legales de manera proporcionada y específica a los proyectos que se desarrollan al amparo del mismo. Por su parte, los proyectos piloto (regulatorios) parten de una definición inicial por el regulador del alcance exacto del ensayo, en lugar de dejar que los participantes elijan el área o la temática en la que van a innovar o experimentar. Los proyectos piloto regulatorios pueden compartir varias características con los sandboxes regulatorios (como la necesidad de arbitrar un procedimiento de selección de los participantes, la supervisión de los proyectos por una autoridad competente o la admisión de flexibilidad en la aplicación de la normativa). La habilitación de sandboxes regulatorios o el desarrollo de proyectos piloto generalmente se asocia a reguladores proactivos, interesados en el aprendizaje regulatorio y con ideas claras sobre dónde podría ser necesarias adaptaciones o modificaciones normativas.
La implantación de estas herramientas de experimentación requiere a su vez ser regulada. Y ahí están las normas que habilitan el sandbox financiero (Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero), el energético (Real Decreto 568/2022, que establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico), el que se ha anunciado en el ámbito de la Inteligencia Artificial, o las Ordenanzas en las que trabajan ya algunas entidades locales para habilitar esos sandboxes regulatorios en sus respectivos ámbitos territorial y competenciales. En el ámbito público, un sandbox regulatorio es un régimen jurídico que permite evaluar la utilidad, la viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas aplicadas a la oferta o provisión de nuevos bienes o servicios públicos, o a nuevas formas de provisión o prestación de los mismos, la adopción de nuevas soluciones regulatorias de servicios públicos y para la actuación administrativa, así como la implantación de nuevos modelos de negocio sobre bienes o servicios públicos.
En algunas de esas regulaciones, o en el desarrollo de innovaciones tecnológicas al amparo de las mismas, venimos trabajando desde YKSIOS DIGITAL GROWTH , contribuyendo también a mejorar la “gobernanza regulatoria de la innovación”. Si quieres conocer nuestro trabajo, no dudes en contactar con nosotros.